Beatriz Toribio / Idealista

Hace justo un año, varios profesionales del sector inmobiliario catalán de reconocido prestigio y experiencia alertaban de que Cataluña se estaba convirtiendo en un sinuoso laboratorio legislativo en materia de vivienda, que posteriormente se trasladaría al resto del territorio nacional.

Alquileres sociales para okupas por imposición, la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a VPO, el control de alquileres o la prohibición de los desahucios para grandes propietarios son algunas de las últimas intervenciones regulatorias en esta región que han supuesto un importante varapalo para la seguridad jurídica en esta región. Ahora, estamos pendientes de que el control de alquileres se extienda a nivel nacional a través de la futura Ley de Vivienda que prepara el Gobierno.

Este tipo de regulaciones no sólo no solucionan la raíz del problema, que no es otro que la falta de oferta de viviendas en alquiler, sobre todo social y asequible, sino que trasladan al sector privado la responsabilidad de la Administración de proveer de vivienda a aquellos que no la tienen. Ante la falta de vivienda social, son los propietarios, profesionales y particulares, quienes están pagando la factura de esta crisis sin ningún tipo de respaldo o ayuda.

Tenemos un problema estructural de acceso a la vivienda que no podemos revertir con medidas populistas que generan mucho ruido, pero no solucionan nada. Y, lo que es peor, provocan efectos contrarios a los que en teoría persiguen, como ya han alertado el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España y hemos visto en otras ciudades donde se aplica el control de alquileres: más desigualdad, mayor dificultad de acceso a la vivienda para los que menos tienen, subidas de precios, economía sumergida, deterioro del parque de viviendas, deslocalización de la inversión, gentrificación, menor movilidad laboral, etc.…

A diferencia de anteriores ciclos inmobiliarios, ahora la inversión sí mira al alquiler, consciente del potencial que este mercado tiene en España por su deficitaria oferta y su escasa profesionalización, lo que nos convierte en una anomalía con respecto al resto de Europa. Pero para desarrollarlo, esta inversión pide normas claras, equitativas y sobre todo estables en el tiempo. ¿Y con qué les respondemos? Con regulaciones que generan inseguridad y desconfianza. Medidas que ahuyentan esa inversión y que podrían suponer el final de un partido que acaba de comenzar.

Desde ASVAL consideramos que para solucionar el problema del alquiler se necesitan medidas estructurales y un nuevo modelo de vivienda basado en la colaboración público-privada, vía a la que, por cierto, ataca directamente el control de precios. Pero también se ha de trabajar en normas más estables e igualitarias en todo el territorio, sin diferenciar por comunidades autónomas ni por tipos de propietarios, proteger al propietario frente a impagos o la okupación, incentivarle a que ponga vivienda en alquiler y establecer un sistema de ayudas directas a los colectivos más vulnerables similares a las que existen en otros países europeos. En definitiva, más seguridad jurídica que atraiga inversión, incentivar la oferta y política pública de vivienda.

La inversión en alquiler no está arraigada en nuestro país ya que tradicionalmente las políticas de vivienda se han foclaizado en la propiedad, tanto en el ámbito público como en el privado. Los primeros pasos que se den desde el Gobierno para cambiar este rumbo serán claves para posteriormente desarrollar una política de vivienda de alquiler asequible como la de otros países centroeuropeos donde sí existe este arraigo de la inversión en alquiler. Estamos ante una oportunidad de desarrollar el mercado del alquiler que España necesita y se merece. No la desaprovechemos.

Beatriz Toribio es directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). Apasionada del mundo inmobiliario. Convencida de que el alquiler tiene que tener un mayor peso en nuestra economía y en nuestra sociedad.