El cliente abonará el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos.

J. A. BRAVO
MADRID / COLPISA  / La Voz de Galicia

Segunda gran victoria judicial de la banca en los casos de clientes afectados por abusos hipotecarios, aunque esta tiene mayor impacto que la anterior (relativa a los créditos vinculados al IRPH) porque la propia Justicia había abierto la puerta hace poco más de dos años a hacer justo lo contrario. Hablamos del gravamen que pesa sobre la constitución de las hipotecas para la adquisición de un inmueble, lo que se conoce como impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD).

El Tribunal Supremo ha dictaminado que debe abonarlo de forma íntegra quien solicita el préstamo, al resultar el «sujeto pasivo» de la operación. Nada de compartir gastos en este aspecto pese a que este mismo órgano judicial abrió la puerta a ello en diciembre del 2015 en otra sentencia. Estableció entonces que las cláusulas que, «sin negociación y de manera indiscriminada», atribuyan al consumidor el pago de todos los gastos e impuestos relativos a esos traspasos inmobiliarios resultan «abusivas». Argumentaba su decisión en que la ley hace una distribución de esas cargas tributarias -en algunas, sin embargo, resulta algo equívoca y por eso el asunto ha acabado ante la Justicia- , de manera que no se puede hacer recaer todo en una sola parte. Los miembros de Pleno de la Sala de lo Civil del alto tribunal no se olvidan de aquella resolución y sostienen que únicamente la han desarrollado en alguno de sus aspectos. Por eso, partiendo de su «propia jurisprudencia», resuelven lo relativo a los citados ITP y AJD, gravámenes que se abonan al constituir el préstamo ante notario. En realidad, «quien necesita ese registro para garantizarse el cobro frente a terceros si pasa algo es realmente el prestamista» -esto es, la banca-, coinciden tanto varios despachos de abogados como el PSOE. Este partido presentará una proposición no de ley (solo con efectos políticos, no jurídicos) en el Congreso para modificar el reglamento tributario, de forma que ya no se considere «interesado» en el registro notarial de la hipotecas al cliente y se obligue a pagar dicha carga a la entidad financiera. Asimismo, queda abierta la posibilidad de reclamar la devolución del resto de los gastos derivados de esa escritura, como los de notario, gestoría y registro de propiedad, que en conjunto irían como promedio desde cerca de 700 euros hasta unos 900 euros.

Sin embargo, los costes de las tasas que afectan a los documentos notariales necesarios en estas operaciones sí deberán repartirse «a partes iguales» entre prestamista (el banco) y prestatario (el cliente), según el alto tribunal. Por tanto, las entidades solo habrán de devolver -en caso de que así se lo reclamen los hipotecados- una cantidad moderada (la mitad de entre 50 y 200 euros según los casos) y se libran del grueso de la reclamación que pendía sobre sus balances.Una factura de 18.000 millones

Distintos bufetes especializados en estas reclamaciones habían llegado a estimar que, en caso de que el Supremo les hubiera dado la razón, la factura final para la banca podría haberse disparado hasta los 18.000 millones de euros, al calcular en seis millones el máximo de demandantes potenciales. Desde la banca, por el contrario, el impacto se había reducido hasta una sexta parte de ese volumen, es decir, no más allá de 3.000 millones de euros. Ahora se los podrá ahorrar en su mayoría.

La firma de hipotecas en Galicia alcanza su mejor cifra en cinco años.

La firma de hipotecas sobre viviendas cerró el 2017 en Galicia superando las 11.000 operaciones, según los datos que ayer reveló el INE. El dato supone que se encadena el tercer año consecutivo de incrementos en este mercado, y marcar la mejor cifra desde el 2012, el año del rescate financiero. La media de dinero prestado por los bancos estuvo en los 95.000 euros, también una cifra más alta que en ejercicios anteriores. El dato de créditos contrasta con el de los registradores, que el año pasado anotaron 16.000 operaciones de compraventa de casas en Galicia, lo que supone que una buena parte de ellas se pagaron sin recurrir a créditos.