La demora en la concesión de licencias supone un incremento del 1,5% en los costes totales de la promoción

FRANCISCO PÉREZ / El País

Una de las recriminaciones más habituales que suelen plantearse en los foros de discusión del sector es la lentitud y complejidad administrativa que acarrea el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario. Cabe recordar que a la legislación estatal se suman las competencias que las comunidades autonómicas poseen en materia de ordenación del territorio urbanismo y vivienda, así como la normativa local.

En Solvia, a través de nuestra experiencia como compañía que ha desarrollado más de 3.600 viviendas y que en la actualidad está gestionando 53 promociones con total de 2.653 viviendas repartidas por todo el territorio, somos conscientes de que la resolución de determinados procesos administrativos no siempre se ajusta a los plazos previstos. La consecuencia más directa de la demora, por ejemplo, en la concesión de las licencias de obra así como de licencias de primera ocupación es el incremento de costes que acarrea. Según nuestros cálculos, el coste financiero de este tipo de retrasos puede llegar a suponer el 1,5% de los costes totales de la promoción.

Si bien es cierto que mientras algunos actores del sector continúan demandando soluciones directas a las administraciones públicas, otros abogan por abordar ya esta problemática mediante el desarrollo de procesos o herramientas que permitan la industrialización del sector y que contribuyan, a su vez, a la mejora de los procesos administrativos mediante la transparencia y la calidad de la información urbanística. Una línea que también se puede alcanzar mediante procesos de participación entre los promotores y la administración en un intento porque todos los agentes implicados en la configuración del mercado inmobiliario comprendan la vital importancia de disponer de claridad y transparencia en los datos del sector.

Además, en Solvia pensamos que este tipo de iniciativas deben apoyarse también en la gestión de especialistas multidisciplinares con amplia experiencia en el mercado inmobiliario. Compañías con un alto conocimiento del sector y con una reconocida trayectoria que garanticen, por ejemplo, el desarrollo más eficiente de una cartera de suelo o que sepan priorizar la inversión en función de la viabilidad comercial del activo, tanto a nivel de demanda potencial del municipio como de sus parámetros urbanísticos.