Su aprobación inicial se realizará en julio y el alcalde estima en algo más de medio año su aplicación sobre 23 millones de m2 de suelo – El Ayuntamiento contrata la notificación a los 50.000 titulares de terrenos afectados

A. Méndez

El gobierno local estima que en poco más de medio año se podrá retomar la tramitación de obras en alrededor de un tercio del municipio gracias a la entrada en vigor de la ordenación provisional impulsada por Urbanismo al amparo de una normativa autonómica para sortear la anulación del Plan Xeral por parte del Tribunal Supremo. Se trata de 23 millones de metros cuadrados de suelo cuyos propietarios recuperarán la cobertura legal que les ofrecía el planeamiento de 2008 para edificar. Hay 50.000 titulares catastrales de los terrenos afectados a los que se notificarán los cambios por la vía de urgencia en las próximas semanas. La previsión del Concello es proceder a la aprobación inicial de esta normativa en el Pleno del mes de julio y puesto que ya cuenta con todos los informes sectoriales favorables que “a finales de este año o principios del próximo entre en vigor y se pueda retomar la actividad”.

Así lo explicó el alcalde tras la celebración ayer de la Gerencia de Urbanismo en la que incoaba la contratación urgente de las notificaciones con un presupuesto de 251.583 euros, paso previo para poder llevar el expediente al próximo Pleno y remitirlo para su tramitación autonómica. Abel Caballero quiere proceder a su aprobación definitiva antes de que acaba el presente ejercicio. “Es un notición. Nos permitirá recuperar la tercer aparte del plan de 2008 y que se puedan iniciar edificaciones a principios del próximo año”. Según los cálculos municipales, estos ámbitos de suelo urbano consolidado y otros en los que está justificado el interés general de la operación y cuentan con un grado avanzado de desarrollo urbanístico podrían acoger toda la edificación que necesita Vigo para los próximos diez años, por lo que se entiende que “desatascaría” las necesidades de suelo sin necesidad de esperar a contar con un nuevo PXOM en el horizonte de 2021 o 2022, como se fija en el último contrato de redacción licitado.

La Consellería de Medio Ambiente autorizó en octubre la tramitación de esta ordenación provisional por vía simplificada para recortar plazos, a lo que se opusieron los grupos ecologistas Verdegaia y A Ría Non Se Vende debido a su alcance sobre el desarrollo del municipio a corto y medio plazo.

De este nuevo instrumento dependen piezas importantes del casco urbano vigués. Entre ellas se encuentran ámbitos pendientes de licencia como O Piricoto, Finca do Conde (Centro comercial Gran Vía), Porto de Canido, la urbanización de Vista Alegre o Camilo José Cela. También abrirá la posibilidad de ampliar Povisa y la urbanización de Tomás Paredes, Esturáns y Tomás Alonso, entre otros. A su entrada en vigor esperan también los nuevos propietarios de la antigua nave de Cordelerías Mar para poder desarrollar el edificio de viviendas previsto en Jacinto Benavente.

Los dueños de estos terrenos podrán sacar adelante sus proyectos sin necesidad de esperar al nuevo planeamiento. El Concello sacó a licitación hace un mes su redacción por 2,7 millones de euros y la posibilidad de adjudicarlo en dos lotes tras quedar desierto el primer intento. Se establece un horizonte de al menos tres años para volver a normalizar el urbanismo local.