Edificios en rehabilitación en el caso viejo de Ferrol con financiación de la Xunta.

Atlántico Diario

El pacto que impulsa la Xunta con los promotores pretende revitalizar la construcción y el alquiler.
El “Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025” ratifica la apuesta de la Xunta por la vivienda de promoción pública e introduce la figura de la vivienda pública concertada, es decir, cualificada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) como de promoción pública, pero construida por promotores privados u otros promotores públicos sobre suelo público. En todo caso estas viviendas públicas concertadas, según recoge el plan ratificado el pasado miércoles en un acto en el que participó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el que se avanzaron otras medidas -como las ayudas para jóvenes y rentas bajas o para propietarios de viviendas vacías que alquilen-, estas viviendas públicas concertadas estarán sometidas al mismo régimen jurídico que las promovidas directamente por el IGVS.
El documento también subraya que, de hecho, esta modalidad -la de la vivienda pública concertada- será “la forma prioritaria de actuación” en las localidades medianas y pequeñas de la Comunidad, donde el registro de demandantes acredite que hay demanda. La intención de esta figura, remarca la Xunta, es fijar una línea de colaboración público-privada con otros promotores para que construyan las viviendas con recursos propios y que el IGVS las cualifique como de promoción pública, conforme al procedimiento establecido, otorgando las ayudas a quien las compra y facilitándole también el acceso a la financiación.

Colaboración con bancos

En su conjunto, el Ejecutivo autonómico quiere impulsar el acceso a la vivienda de promoción pública mediante el alquiler y también facilitar la compra a familias con rentas más bajas. Así, se mantendrán los convenios de colaboración firmados por el IGVS con entidades financieras cuyo objetivo es el de facilitar la compra por parte de quienes adquieran una vivienda de promoción pública promovida directamente por este organismo o por un promotor privado por medio de la figura de las viviendas concertadas.
El nuevo pacto gallego por la vivienda recoge también un epígrafe en el que se avanza que será impulsado un plan de cesión y venta de locales que son titularidad de la Administración autonómica, aunque fuentes del departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda trasladaron que el apartado relativo a los casos y condiciones con los que se procedería a vender están aún pendientes de desarrollo. Por el momento, el documento del pacto recoge que en algunos grupos de viviendas de promoción pública hay bajos destinados a usos terciarios de los que solo una parte están ocupados.
Al respecto, se avanza que este programa prevé la cesión de uso de locales a favor de entidades sin ánimo de lucro prestadoras de servicios sociales y la puesta a disposición en alquiler con carencia de tres años y, posteriormente, rentas limitadas hasta los cinco años, de los locales comeerciales titualidad del IGVS. “Se le prestará especial atención al impulso de iniciativas sociales o empresariales, al apoyo a personas emprendedoreas o a su uso como viveros de empresa, así como para proyectos que promuevan el desarrollo económico y cultural del ámbito”, recoge el documento.
Agrega, a renglón seguido, que la adjudicación se realizará mediante un concurso público en el que se valorará especialmente la creación de empleo en la iniciativa de implantación y la “dinamización” que pueda producir en la zona en la que se emplaza el local.
El plan recoge ayudas directas a varios colectivos para facilitar el acceso a la vivienda -rentas bajas y jóvenes por ejemplo-, así como para acciones de rehabilitación, y también para municipios. Pero pone el foco, además, en la colaboración con las entidades locales para frenar la prevención de la exclusión residencial.
Entre las medidas para ello, se contemplan subvenciones dirigidas a prestar apoyo a los ayuntamientos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que puedan ayudar “con carácter urgente” a quienes vivan, en condición de propietarios, en una infravivienda y no dispongan de recursos económicos para acometer obras que permitan tener “mínimas condiciones de habitabilidad”. Estas ayudas también buscan permitir a los ayuntamientos de tamaño más reducido rehabilitar infraviviendas de su patrimonio municipal que se encuentren en mal estado de conservación para destinarlas a solucionar problemas de residencia de quienes acrediten unos ingresos ponderados inferiores al Iprem.