La norma que permite salvar proyectos solo se aplicará si Caballero tramita el plan
LUIS CARLOS LLERA
VIGO / LA VOZ

Vigo tiene el Plan Xeral anulado por los tribunales desde hace 14 meses. La negociación entre el Gobierno gallego y el local es nula. Pero la Xunta está buscando salidas. Primero, le hizo un traje a medida a PSA para permitir el crecimiento de la fábrica de coches, con la ley exprés que se utilizó para la ampliación de Citroën y que se usará en el Ifevi y la estación. Ahora impulsa un cambio legal que permitirá a los ciudadanos afectados por la suspensión y a los promotores sacar adelante proyectos que ya estuviesen en tramitación.Se incluye en la ley de acompañamiento a los presupuestos, que se aprobará la próxima semana. Esta ley otorga un plazo de tres años y medio, es decir lo que queda de legislatura autonómica, para que Vigo pueda redactar un nuevo plan. Solo se aplicará a proyectos situados en municipios cuyos planes de urbanismo hayan sido anulados por la Justicia pero que ya hayan empezado a tramitar el nuevo documento o que, al menos, hayan contratado al equipo que lo redacte. De modo que es una solución para Vigo pero azuza al Concello.Porque en la Praza do Rei las cosas van despacio. Intentó la llamada vía Parejo, para mantener el Plan Xeral anulado haciendo solo una evaluación ambiental, pero a la Xunta no le vale. Ayer, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, instó al Concello a «que no busque más atajos, porque no hay otra solución definitiva que un nuevo Plan Xeral».

El Parlamento aprobará un salvoconducto para que el sector de la construcción de la ciudad no esté paralizado
La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta contemplará el salvoconducto urbanístico para particulares y pequeñas empresas. Pero no se permite construir en general sino en determinadas zonas de la ciudad con un grado elevado de desarrollo y que no coincidan con el PXOM en vigor actualmente, del año 1993. Es el caso de Navia, donde están previstas 1.600 nuevas viviendas. Es un polígono que en 1993 no existía y que está en pleno desarrollo. Con la nueva ley se podrá seguir construyendo allí. Rubén Pérez, de Marea de Vigo, incluye también entre los ámbitos que se desarrollarán Cabo Estai. Pero el nuevo marco legal deja claro que no se podrá aplicar en suelo rústico. Es decir, no va a haber ninguna recalificación de suelo.«Va a dar más seguridad jurídica y permitirá que esas zonas sigan desarrollándose», dijo la conselleira. «La Xunta está respondiendo e intentando resolver los problemas de Vigo, no solo de las grandes inversiones sino también los particulares y pequeños empresarios». Mato insta al Concello de Vigo a que «no pierda el tiempo, se ponga las pilas y trabaje a destajo en el desarrollo del PXOM». «Queremos que los ayuntamientos que usen esta medida provisional no se duerman en los laureles», por eso se da un plazo acotado de tres años y medio «para evitar que quede paralizado el desarrollo del Plan Xeral».El Concello asegura que el 70 % del trabajo está hecho. «Pero no han presentado un borrador», dicen en la Xunta. Mato sostiene que la nueva ley que permite cierta actividad tiene «garantías jurídicas» y cuenta con el visto bueno e informes jurídicos favorables de la consellería, la asesoría y el Parlamento. Para aplicar las nuevas medidas de ordenación provisional «será requisito necesario» que el Concello inicie la tramitación de un nuevo plan o la contratación de los servicios técnicos

Una reunión a la que no asistió el gobierno local
La conselleira Beatriz Mato reunió ayer a diferentes colectivos de la ciudad, desde la patronal de los promotores hasta la Federación Vecinal pasando por los partidos políticos. El gobierno local no asistió. El alcalde, Abel Caballero, justificó la ausencia alegando que no acude a «reuniones de propaganda política». «La convocatoria era poco presentable y la reunión era pura propaganda política», afirmó. Acerca de la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos que incluye las medidas urbanísticas dice todavía falta su aprobación en el pleno y pueden considerarse enmiendas, pero en todo caso «es una norma muy mejorable» y confía en «que la mejoren de acuerdo con enmiendas y planteamientos que hace el grupo socialista». Rubén Pérez, de Marea de Vigo, acusó al PSOE de «cinismo» porque la ley que va al Parlamento «ya está pactada por el PP y el PSOE» y, en ese sentido, su ausencia no tuvo objeto.