El Consello aprueba la versión final de la futura ley de rehabilitación que rebaja el control de la Administración autonómica y busca mayor agilidad en la recuperación de inmuebles.

X. A. Taboada / Faro de Vigo

Tras un largo trámite interno, el Consello de la Xunta aprobó ayer la versión definitiva del proyecto de ley de rehabilitación, la primera de Galicia, que ahora pasará al Parlamento. Nace para priorizar la recuperación de inmuebles frente a las nuevas construcciones y frenar el desuso y el abandono de los existentes. Así, permitirá agilizar y simplificar los trámites para acometer rehabilitaciones en los cacos históricos de las ciudades y en los núcleos rurales, así como en las viviendas situadas en los caminos de Santiago. Y también contendrá medidas, bajo este principio de recuperar la arquitectura existente, para impedir que edificios de los cascos históricos acaben en ruinas. Como último recurso, la Xunta los podrá expropiar por el 50% de su valor catastral, según avanzó ayer su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Esta vía ejecutiva se aplicará, indicó el titular del Gobierno gallego, cuando una casa o edificio ubicado en un casco antiguo amenace ruina y el propietario, después de recibir las pertinentes notificaciones, persista en su actitud reincidente de no tomar medida de seguridad alguna. “Entonces estaremos en el supuesto de poder emitir una declaración de utilidad pública y ocupación”, añadió el presidente, tras lo cual determinó que el importe que pagará la Administración será la mitad del valor catastral del inmueble.

“Nos corresponde la responsabilidad de actuar. Lo decimos desde el principio para entre todos poder encontrar una solución. No hay mayor desprotección que el abandono del patrimonio construido”, advirtió Feijóo.

La futura Lei de rehabilitación e rexeneración urbana supondrá una pequeña revolución al liberar del ahora obligatorio informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio a las rehabilitaciones que se realicen en cascos históricos y núcleos rurales, salvo en el caso de que los edificios estén catalogados con protección integral o tengan la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Si Patrimonio elabora 13.000 expedientes cada año, se calcula que la mitad de las obras quedarán en adelante liberadas de este trámite, según la observación que realizó Feijóo.

Bastará con la licencia municipal para cambiar la cubierta o la carpintería exterior, renovar la fachada o realizar las reformas interiores, siempre claro, que los edificios no tengan algún tipo de protección. En un intento de facilitar las obras a los propietarios, se permitirá el uso discrecional de materiales para abaratar costes y hasta la modificación de la propiedad horizontal, siempre y cuando cuenten con el aprobado del ayuntamiento y de las comunidades de vecinos. Así, entre otras consideraciones, la reforma legal permitirá que se puedan unir viviendas de edificios diferentes, agrupar locales comerciales, autorizar que un portal sea el acceso a varios edificios o vaciar total o parcialmente una construcción, actuaciones prohibidas actualmente, sobre todo con más rigor en los cascos históricos.

En la futura ley se incluirá además una tipificación específica por los daños causados al patrimonio. Aparece la figura de la pintada o el grafiti, acciones sancionadas con hasta 150.000 euros. Si se realizan en el entorno de un edificio BIC, la multa oscilará entre los 300 y los 1.000 euros. Si la pintada se ha hecho en el propio BIC, como la realizada en la catedral de Santiago, entonces la sanción arranca en 6.001 euros y puede llegar a los 150.000.