X. A. Taboada
Santiago | Faro de Vigo<\/p>\n\n\n\n
En las \u00faltimas d\u00e9cadas, los ayuntamientos \u2013tanto en Galicia como en el resto de Espa\u00f1a\u2013 calificaron como suelo urbanizable miles de hect\u00e1reas, sobre todo a principios de este siglo, con la vista puesta en un desarrollo urban\u00edstico que en la inmensa mayor\u00eda de los casos no respond\u00eda a la previsible evoluci\u00f3n de la demanda ni de la poblaci\u00f3n. Esta pr\u00e1ctica supuso, como efecto colateral, un incremento notable de ingresos para las arcas municipales, pues por estos terrenos \u2013antes no edificables\u2013 los propietarios tienen que abonar el IBI urbano, la principal fuente de recaudaci\u00f3n propia de los municipios. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo en 2014 dio la vuelta la tributaci\u00f3n del Impuesto de Bienes Inmuebles al forzar un cambio fiscal por el que los propietarios de suelo urbanizable sin desarrollar o edificar ya no tendr\u00edan que pagar el IBI urbano \u2013como suced\u00eda hasta entonces\u2013, sino el r\u00fastico, much\u00edsimo m\u00e1s barato. La resoluci\u00f3n judicial deriv\u00f3, tras una reforma legal por el medio, en que los ayuntamientos tengan la obligaci\u00f3n de reclasificar, a efectos fiscales, su suelo urbanizable sin ordenaci\u00f3n detallada para as\u00ed aplicarles el IBI r\u00fastico a sus due\u00f1os. Pero 158 concellos gallegos se resisten a solicitar al Catastro esa revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n