El registro autonómico de demandantes está ya a punto de rebasar las 11.500 solicitudes en la ciudad

Pablo Galán / Faro de Vigo

Aunque lleva tiempo siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente entre las personas más jóvenes, la vivienda está adquiriendo cada vez un papel más protagonista en el debate político. No en vano, la negativa del Congreso de los Diputados a convalidar los dos decretos aprobados por el Gobierno ha terminado por dar la puntilla a la legislatura y llevando al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar Elecciones Generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

Es difícil predecir cuál será en esa jornada electoral la cifra exacta en Vigo de demandantes de una vivienda protegida, pero, a tenor de la evolución que ha tenido el Registro Único de Galicia en los últimos meses, seguramente será un número mucho más elevado que el de 11.463 que reflejaba este lunes la estadística actualizada del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). En toda Galicia, la cifra es de 36.412, por lo que Vigo aglutina más del 31% de los demandantes gallegos.

En el último año, este indicador ha engordado a un ritmo espectacular de más de 360 nuevas peticiones al mes, ya que los datos recogidos en el informe que elabora cuatrimestralmente la Xunta reflejaban hace justo un año que en Vigo había dadas de alta 7.100 solicitudes de un hogar con protección. El crecimiento en términos porcentuales ha sido del 61%.

Son varios los factores que están influyendo en esta brutal escalada del registro y, por tanto, de una mayor competencia por acceder a una vivienda con algún régimen de protección. Por un lado, hay que tener en cuenta los precios del mercado libre, tanto en régimen de alquiler como de compraventa. Para arrendar un piso, según los últimos datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, se exige una renta media de 730 euros al mes, un 12% más que hace apenas dos años, mientras que en caso de que se opte por buscar un inmueble en propiedad, las estadísticas dicen que ya se obliga de promedio a dejar una entrada de al menos 60.000 euros, un muro infranqueable para muchas economías.

Mientras, hay que tener también en cuenta que la oferta que están poniendo encima de la mesa las administraciones públicas no tiene nada que ver con la de hace unos años. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 provocó que la construcción frenase en seco y eso afectó también a los edificios protegidos, sin que la Xunta tuviese entre sus prioridades desarrollar este tipo de inmuebles.

Registro de demandantes de vivienda en Vigo

Todo cambió tras el covid y, empujado por esa alza constante de precios, el Gobierno gallego se decidió a intentar recuperar el tiempo perdido en Vigo lanzando una gran ampliación de Navia, donde están proyectadas unas 1.600 viviendas, de las cuales más de medio millar ya están en plena ejecución, otras 400 en una fase administrativa avanzada y las restantes concebidas más a largo plazo. En paralelo, la Xunta está desarrollando también dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en el Ofimático y Lavadores para crear allí dos nuevos barrios y levantar otras 3.500 viviendas.

También el Concello, pese a no tener las competencias y la financiación que sí tienen las administraciones autonómicas, se ha puesto las pilas con la tramitación de este tipo de acciones. El objetivo es arrancar el próximo año las obras de urbanización en Santa Cristina, donde se construirán alrededor de 200 pisos protegidos, mientras que ya se adjudicó un contrato para hacer un edificio de 27 viviendas en Esturáns.

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