La Cámara urge a los concellos a devolver el impuesto de plusvalía en las ventas a pérdidas
La iniciativa del PP insta además al Gobierno a reformar la ley -La oposición pide al Estado compensaciones -Aún así, el PSOE vota a favor, mientras BNG y En Marea se abstienen
Paula Pérez Santiago / Faro de Vigo
El Parlamento gallego urge a los concellos gallegos a devolver a los contribuyentes gallegos “de la forma más ágil y eficaz posible” las cantidades cobradas indebidamente del impuesto de plusvalía. Una sentencia declaró inconstitucional en mayo de este año que se grave con este tributo las operaciones de compraventa, herencias, permutas o donaciones cuando no se haya registrado ninguna ganancia, es decir, cuando se transfiera la propiedad sin incremento de valor. Alrededor de 18.300 gallegos podrían tener derecho al reintegro de este tributo. Y el PP impulsó una iniciativa en la Cámara para demandar a los ayuntamientos su devolución e instar también al Gobierno a modificar la Lei Reguladora de Haciendas Locales para que adapte el impuesto de plusvalía al fallo judicial. Su propuesta fue respaldada por el PSOE y quedó aprobada pese a la abstención de En Marea y BNG que alertaron de los riesgos de esta reclamación para las arcas municipales.
Según los cálculos de los tasadores, los concellos podrían tener que devolver más de 82 millones de euros. Solo el pasado año los ayuntamientos recaudaron por el impuesto de plusvalías 31 millones de euros, un 22 por ciento más que el año anterior.
Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ya se ha advertido que si los ayuntamientos tienen que hacer frente a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente tramitarán una reclamación patrimonial al Estado alegando que los municipios solo estaban aplicando una ley estatal.
Y es en este punto en donde surgen las discrepancias entre el PP y los grupos de la oposición que defienden que el Estado debería compensar a los ayuntamientos si tienen que devolver lo recaudado indebidamente. El PSdeG, aún así, votó a favor, sin que en la iniciativa se plasmase la responsabilidad económica del Gobierno.
El diputado popular José González entiende que no es el Estado quien debe asumir el coste de las compensaciones a las entidades locales y alega que se trata de un impuesto potestativo, “por lo que los ayuntamientos pueden decidir su establecimiento o no”. En Galicia lo aplican 115 corporaciones locales.
El parlamentario del PPdeG recordó que “parte importante” de los afectados, que podrían tener derecho a una devolución media de 4.500 euros, son “gente humilde que no pudo sostener sus hipotecas y tuvo que malvender sus pisos”.
Por esta razón, la iniciativa aprobada insta a los ayuntamientos a habilitar mecanismos que favorezcan que “la devolución se realice de la forma más eficaz posible y mediante procedimientos ágiles, con el fin de evitar la conflictividad en este ámbito tributario”.
En este sentido, los populares insistieron en que los concellos deberán simplificar “las exigencias probatorias” a los contribuyentes para acreditar las ventas a pérdidas con el fin de facilitar la recuperación de las cantidades indebidamente cobradas y que se judicialicen estas reclamaciones.
En todo caso, la socialista Begoña Rodríguez señaló que el Estado debe “asumir los errores cometidos” y colaborar con los ayuntamientos, al tiempo que debe fijar, según recalcó, de forma inmediata los plazos “para dar una solución final a la subida de la financiación municipal”.
La diputada del PSdeG se cuestionó además el motivo por el que los populares traen esta propuesta a la Cámara después de haber votado en contra en dos ocasiones, según recordó. “Se pide ahora porque la relación con el Estado no está en su mejor momento o porque los alcaldes de los municipios gallegos les tiraron de las orejas”, ironizó.
Por su parte, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, se mostró “de acuerdo con casi todo” lo que defiende el PP, pero advirtió de las “dificultades financieras de los ayuntamientos en un contexto de crisis en el que tuvieron que dar muchos servicios”.
En este sentido, Luis Bará, del BNG, defendió que es necesario que se implemente “un mecanismo de compensación del Estado” ya que, según dice, es “la administración responsable de la aplicación de la norma”.