La nueva ley de rehabilitación prevé financiar las reconstrucciones con este impuesto

REDACCIÓN / LA VOZ

En las últimas décadas, casi todos los gallegos han visto cómo se derrumbaba sin remedio algún edificio singular de los cascos históricos de sus ciudades o villas. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda ha emprendido en los últimos años varias iniciativas para frenar el deterioro de inmuebles en las zonas más nobles de las ciudades, a través del programa Rexurbe, las áreas de rehabilitación integral o la compra pública de viviendas. Pero el objetivo de mejorar el paisaje urbano y revitalizarlo social y económicamente tendrá un instrumento crucial a partir del segundo semestre del año próximo. Es cuando el departamento que dirige Ethel Vázquez espera aprobar la Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbana, el contexto normativo con el que se pretende actuar sobre el patrimonio arquitectónico y aquellos propietarios que se nieguen a rehabilitar o vender sus inmuebles. Los instrumentos para lograr este objetivo serán, por un lado, un nuevo canon -un tributo propio de la comunidad autónoma- que afectará a los dueños de inmuebles en estado de abandono en las áreas rexurbe, siempre que se nieguen a rehabilitar teniendo posibilidades para hacerlo. Si no pueden acometer las obras por razones económicas, el canon se convertirá en una bonificación. Su naturaleza es disuasoria, está orientado a que los propietarios entiendan que finalmente les será más rentable emprender la reforma.

La consellería aclara que la aplicación de este canon no será automática nada más aprobarse la ley a mediados del 2019 -con cierto retraso sobre lo previsto inicialmente-, sino que se acompasará a la declaración de zonas rexurbe, conjuntos históricos de un valor relevante (los declarados como bien de interés cultural, por ejemplo) que precisen una intervención del Ejecutivo autónomo por su decadencia económica, arquitectónica o incluso demográfica, intentando hacer estas zonas atractivas para que vuelva a haber vida en sus calles. Será el Consello de la Xunta el encargado de declarar estas zonas. Dentro de ellas también se podrán delimitar zonas de especial necesidad de rehabilitación (ZER), pensadas para afrontar situaciones límite, con parques de viviendas muy deteriorados. En el anteproyecto estaba previsto que el canon se comenzara a aplicar a partir del 1 de enero del 2019.

El otro instrumento coercitivo también está vinculado a la delimitación de estas zonas de rehabilitación integral, y es la expropiación o la venta forzosa, un último recurso «para evitar la especulación» y por incumplimiento del «deber social de la propiedad».En el caso de la venta, se realizaría a través de un procedimiento de subasta pública con el objeto de garantizar la rehabilitación o conservación del inmueble. La persona o sociedad que adquiera ese inmueble estará obligada a comenzar las obras de reforma en el plazo de nueve meses. Si no es así, se abriría un procedimiento de expropiación o una nueva venta forzosa. Volviendo al canon para edificios abandonados, el anteproyecto de la ley que entrará en el Parlamento gallego antes de que termine este año prevé que los ingresos por este impuesto de nueva creación sirvan para financiar -al menos en parte- las actuaciones en las áreas rexurbe. El canon se ejecutará cuando el inmueble haya sido declarado en estado de ruina por el ayuntamiento o cuando el propietario haya incumplido una orden de ejecución municipal. Cuando se le notifique que el edificio está en estado de abandono, la Xunta empezará a cobrar el canon, y dejará de hacerlo en el momento en el que comiencen las obras de restauración o cuando haya un cambio de titularidad. Como ya sucede en la actualidad, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) podrá adquirir inmuebles para emprender el proceso de rehabilitación, pero también podrá aprobar programas de financiación para que sean los propietarios los que lo hagan. El IGVS mantendrá un censo de inmuebles declarados en estado de abandono de cara a la gestión del tributo.La Xunta también podrá iniciar expedientes de venta forzosa en caso de abandono La normativa, que llegará al Parlamento este año, prevé actuar sobre núcleos rurales en estado de abandonoNo solo los cascos históricos urbanos están en el punto de mira de la futura ley de rehabilitación. La normativa prevé que los ayuntamientos puedan declarar núcleos rurales en estado de abandono, cuando todas las edificaciones estén desocupadas y en estado de ruina, con el objeto de emprender una rehabilitación integral del conjunto arquitectónico. Para ello se deberá indagar sobre la identidad de los propietarios de los inmuebles, «para contar con su conformidad para ofertarlos a la venta». Los concellos podrán elaborar un registro público con los núcleos que hayan sido declarados abandonados, del que pueden darse de baja aquellos propietarios que cumplan con sus obligaciones de conservación y rehabilitación. El ayuntamiento podrá convocar un procedimiento de venta de todas o parte de las casas del núcleo rural -para un complejo de turismo rural, por ejemplo- con un precio base y un plazo máximo para ejecutar la rehabilitación. Después se pondrá en contacto a los vendedores con los compradores para formalizar la venta. La Xunta, a través del IGVS, creará una plataforma informática de ámbito autonómico con el fin de difundir los procedimientos públicos de venta de los distintos municipios. El acceso a esta plataforma será público, para que los núcleos rurales que se oferten puedan llegar al mayor número de gente posible.