Ana J. Pastor / Atlántico

La evolución de las pujas judiciales refleja el creciente interés de particulares. En lo que va de año, han salido a subasta pública medio centenar de propiedades en Vigo. La provincia supera las 200 anuales

La situación del mercado inmobiliario con escasez de viviendas y los precios disparados, con un incremento del 7% en el último año en Vigo, ha impulsado la adquisición de pisos y casas mediante subasta. La evolución en las pujas judiciales refleja un incremento del interés. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, mientras en 2016 apenas un 33% de las subastas de inmuebles en Vigo y provincia finalizaban con pujas, el año pasado el porcentaje llegó hasta el 71,50% y subiendo.

De hecho, los juzgados vigueses han adjudicado, en solo dos semanas, tres inmuebles adquiridos mediante este sistema, confirmaron fuentes de la Oficina de Notificaciones y Embargos, a un precio por debajo del mercado.

En lo que va de año, han salido a puja pública medio centenar de propiedades, entre viviendas, garajes y trasteros en la ciudad, si bien la cifra a nivel provincial supera las 200 de media anuales, incluyendo inmuebles en los diversos municipios del área. Se trata de un procedimiento judicial para la enajenación de bienes previamente embargados con el que poder hacer frente a una deuda.

La puesta en marcha, hace casi una década, de las subastas electrónicas ha favorecido el acceso a particulares a este sistema que, en años pasados, estaba en manos de los subasteros profesionales. Ahora, cualquiera puede, a través de internet, acceder a la información sobre la propiedad, características en el registro, valor y cargas, y realizar una puja, que después puede modificar antes de que esta se cierre si lo considera oportuno.

El anonimato está garantizado y también la cantidad, a modo de señal, para poder participar, ya que está directamente controlada por Hacienda.

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De esta forma, en los últimos meses se ha adjudicado entre otros un apartamento en Coruxo, de 106 metros cuadrados, valorado en más de 400.000 euros, por 241.000 euros, un piso con pocos años de construcción en pleno entorno de Vialia por 140.000.

El método, no obstante, tiene algunos riesgos con los que el postor debe contar. Entre ellos las cargas con las que cuenta el inmueble, por lo que se aconseja hacer números antes de hacer una oferta, y la más importante, que en la mayoría de casos no se puede visitar, con lo que hasta que no se formaliza la adjudicación el estado del mismo es un misterio.

Explican desde los juzgados, que para estos casos se utiliza la información del Registro, google maps e incluso los interesados pueden acercarse hasta el inmueble para preguntar y averiguar si fue la propiedad estuvo ocupada, por ejemplo.

Una vez se adjudica el inmueble, el juzgado debe ordenarlo en una resolución que tardará dependiendo del órgano en cuestión pero que es algo bastante rápido, explican. Las adjudicatarias además tienen un plazo para hacer frente al pago de la cuantía acordada si no quieren perder lo que han invertido inicialmente para poder acceder a la subasta.

Durante 2023, fueron un total de 193 las subastas celebradas en Vigo y provincia, una cifra, no obstante, más baja que en 2022, cuando se celebraron 250, aunque con menos éxito.

Fondos buitre, detrás de algunas de las pujas de bienes embargados por impago
Detrás de algunas de las acciones judiciales que desembocan en las subastas de inmuebles en Vigo aparecen empresas conocidas como “fondos buitre”, dedicadas a la adquisición de deudas bancarias para después reclamar las cantidades por esta vía.

Esta situación no es demasiado frecuente pero tampoco es extraña, explican desde la Oficina de Notificaciones y Embargos. Las empresas que aparecen en al menos dos de los bienes que han salido a puja en los últimos meses tienen su sede central en países como Noruega aunque en España actúan con otras filiales que ya han llevado a cabo operaciones similares con el objetivo de conseguir “líquido”.

De hecho, fuentes jurídicas explican que este tipo de fondos llegan a la subasta de bienes como última opción, ya que se trata de un procedimiento que puede alargarse en el tiempo y su objetivo es obtener rédito de forma ágil y eficaz. Sin embargo, tampoco les interesa contar con inmuebles como medio de pago de deuda, de ahí que la subasta judicial sea de una de las formas para poder deshacerse de dicho bien y conseguir líquido.

Según se puede observar en algunos certificados de carga que aparecen sobre los inmuebles subastados, estos fondos aparecen como compradores de las deudas mediante créditos bancarios suscritos por el deudor.

Aunque buena parte de las subastas promovidas por los juzgados se refieren a viviendas, pisos, garajes y trasteros, también hay otro tipo de propiedades, cada vez más frecuentes, como los locales y naves comerciales cuyos dueños se han visto asfixiados por las deudas, incapaces de hacer frente a los pagos habitualmente de créditos de entidades financieras.