Mauro Borrazás / Atlántico

La Gerencia de Urbanismo aprobó iniciar la reparcelación del segundo polígono, un paso necesario para poder edificar los pisos de promoción pública y el instituto.
La construcción de 719 viviendas de protección oficial en Navia está ya un paso más cerca de llevarse a cabo. La Gerencia de Urbanismo aprobó ayer iniciar la reparcelación del segundo polígono del plan parcial, donde también está previsto edificar el nuevo instituto. El alcalde Abel Caballero reivindicó que con este trámite, necesario para proceder a la construcción de estas nuevas edificaciones, “seguimos apoyando la vivienda con algún tipo de protección en Vigo”.

La Xunta ya sacó a contratación las obras de urbanización de este segundo polígono, con una superficie total de 106.361 metros cuadrados y una inversión autonómica de cerca de 16,4 millones de euros. Bajo la licitación del contrato, se contemplan los trabajos y obras de urbanización necesarios para la completa ejecución del proyecto de urbanización de este segundo polígono. En concreto, los trabajos objeto de la licitación de las obras autorizadas son los de movimiento de tierras y pavimentación, señalización de vías y semaforización, red de abastecimiento y saneamiento, red de energía eléctrica, red de iluminación, red de gas, red de telecomunicaciones, accesibilidad, jardinería y equipamiento urbano.

Ahora, con la reparcelación de este polígono, podría procederse ya este año a realizar una segunda contratación de las obras para construir las nuevas viviendas y el instituto que proyecta la Xunta. El Gobierno gallego ya tiene en marcha las obras del primer polígono, el más importante al incluir unos 100.000 metros cuadrados y 773 de las 1.600 viviendas previstas en el ámbito.

Caballero achacó la necesidad de acometer esta reparcelación a “un error que había cometido la Xunta, nosotros vamos a rectificarlo, para que se pueda vender aquellas parcelas para hacer vivienda protegida”. El Concello argumenta este error tuvo lugar en la tramitación del plan, ya que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) habría expropiado los terrenos sin proceder a reparcelarlos. Así, cuando el Concello reclamó las parcelas libres de cargas para inscribirlas en el Registro de la Propiedad de la Xunta, comprobó que no se habría realizado esta reparcelación y, por lo tanto, no se podía llevar adelante la inscripción y el uso del suelo.