Suspende otra vez por un máximo de tres meses el cómputo del plazo de vigencia de la ordenación provisional desde el lunes 24 hasta que la Consellería remita el informe

Borja Melchor |Faro de Vigo

Nuevo paso adelante en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La Xerencia de Urbanismo remitió el pasado lunes el expediente de evaluación ambiental estratégica a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia para obtener la declaración ambiental estratégica. Ahora, la pelota está en el tejado de la administración autonómica, que deberá revisar la documentación para comprobar que está todo en orden: si no lo está, pedirá que se hagan correcciones; si concede su bendición, el gobierno local tendrá permiso para aprobar de forma provisional el Plan Xeral. Tiene tres meses de plazo para pronunciarse al respecto.

Urbanismo, como publicó FARO, se marcó como objetivo remitir esta información este mes de julio y lo cumplió. Y, como avanzó en este periódico la responsable del área en el Concello, María José Caride, a la vez que envió la documentación a la Consellería, suspendió el cómputo del plazo de vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) con el objetivo de ampliar su efecto y, consecuentemente, conseguir “seguridad jurídica”. Al igual que en la primera prórroga, vinculada a la remisión del informe de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), establece esta medida hasta la fecha de recepción de la declaración ambiental estratégica, con un plazo máximo de tres meses.

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De este modo, el pasado lunes, se frenó de nuevo la cuenta atrás para el decaimiento del Instrumento de Ordenación Provisional, una cuestión que preocupa sobremanera a empresarios y vecinos porque permite desarrollar proyectos residenciales en zonas en las que sería imposible según el Plan Xeral en vigor, el de 1993. Según recoge el acuerdo de Urbanismo para el envío de la documentación a la Xunta, la pérdida de vigencia antes de esta última suspensión se habría producido el 8 de septiembre si antes no se aprobase de forma provisional el nuevo Plan Xeral, que se debe alcanzar en los tres años y medio posteriores a la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del IOP –se suman 82 días por la suspensión de los plazos administrativos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19–.

Conseguida la declaración ambiental estratégica, el Concello tendrá permiso para aprobar de forma provisional el Plan Xeral. Pasará, en este orden, por el Consello da Xerencia de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local y, finalmente, el pleno, momento en el que el gobierno y la oposición podrán mostrar su opinión sobre el documento y el proceso de tramitación. En todo caso, la mayoría absoluta del grupo socialista descarta baches en este proceso. “La aprobación provisional es un paso muy importante. Marcará una clara diferencia con el Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2008 –tumbado por el Tribunal Supremo en 2015– porque contará con informe favorable de Patrimonio a diferencia del anulado, y el ambiental, motivo de anulación del documento de 2008”, indicaron a FARO recientemente desde el Concello.

Urbanismo confía en que la aprobación provisional desbloquee la concesión de licencias relacionadas con el IOP, frenada desde diciembre por el secretario del Concello, situación denunciada a través de este periódico por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y confirmada por fuentes municipales. Conseguida la aprobación provisional, el siguiente peldaño es el visto bueno definitivo, que significará la inminente entrada en vigor, por fin, del documento. El Concello prevé este hito en el primer semestre del año que viene. Antes, la entidad de la Praza do Rei deberá enviar de nuevo toda la documentación requerida a los organismos de titularidad estatal, también a la Xunta para obtener el informe de Ordenación do Territorio, dependiente de la administración autonómica.

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