El nuevo PXOM, pendiente del “OK” definitivo, sustituirá al de 1993, vigente tras anular el Tribunal Supremo el de 2008 en el año 2015

Borja Melchor / Faro de Vigo

Todavía quedaban casi 10 años para la llegada del euro a España, no existía Google, los teléfonos móviles no nos acompañaban a cada lugar al que íbamos, ni siquiera se conocía la consola PlayStation. En la radio, sonaban a todo volumen Heal The World, de Michael Jackson, I Will Always Love You, de Whitney Houston, o Mi tierra, de Gloria Estefan, y las victorias del Celta suponían dos puntos más en el casillero, no tres. Era 1993, año en el que el Concello de Vigo aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), denominado Expediente de subsanación de deficiencias en la adaptación del PGOU de Vigo de 1988 a la LASGA, la Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adaptación de la del suelo a Galicia. La corporación local, con el socialista Carlos Príncipe a la cabeza y PP, PSdeG, Partido Socialista Galego-Esquerda Galega y BNG en el pleno –en tripartito estos últimos–, jamás habría pensado que ese documento seguiría en vigor en la actualidad, 31 años más tarde, aunque con modificaciones puntuales, además de las incluidas en el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP).

La situación urbanística en pleno 2024 está muy vinculada al PGOU de ese año porque, además de estar vivo todavía, desencadenó pasos que, finalmente, acabarían por generar un terremoto en esta materia: el Tribunal Supremo tumbó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008 en 2015. En septiembre de 1991, la Xunta de Galicia encabezada por Manuel Fraga, con Xosé Cuíña al frente de la Consellería de Política Territorial, anuló el Plan Xeral de la ciudad tras más de un año vigente. Había sido confeccionado rodeado de una tormenta de críticas por un gobierno local presidido por el socialista Manuel Soto, el primer alcalde de Vigo de la democracia, pero la decisión del Ejecutivo gallego la tuvo que enfrentar su sucesor, Carlos Príncipe. Para paliar la anomalía urbanística, el Ayuntamiento consiguió en tiempo récord, algo más de año y medio, sacar adelante un nuevo Plan Xeral, el de 1993, escrito que trajo bajo el brazo una gran cantidad de recursos y sentencias judiciales en contra.

Estuvo en vigor hasta que lo sustituyó el Plan Xeral de 2008 en agosto de ese año, también rodeado de mucha polémica durante su proceso de elaboración, en gran parte, por incluir la construcción de 120.000 viviendas. La corporación local optó por empezar a dar vida a este documento en el año 2000 para olvidarse cuanto antes del de 1993 debido a los varapalos judiciales que acumulaba y blindar jurídicamente el urbanismo de la ciudad. El camino lleno de baches hasta su aprobación definitiva, con más de 60.000 alegaciones –la revisión actual, validada esta semana por la Xunta, acumuló unas 4.500, una gran parte, sobre el vial PO-010, previsto en Beade-Valladares–, continuó después, ya vigente. Resistió poco más de siete años a las críticas y denuncias judiciales, la mayoría, motivadas por los cambios introducidos por el gobierno bipartito en el Concello antes de la aprobación definitiva, principalmente, tras incrementarse la vivienda protegida del 22% de media en el documento provisional al 43%.

Los principales recursos se centraban en el hecho de que no se hubiera sometido el Plan a un segundo periodo de exposición pública al defender los demandantes que el aumento de vivienda protegida era una alteración “sustancial”. Sin embargo, una detrás de otra, las sentencias concluyeron que ese cambio no alteraba el modelo urbanístico y quedó cubierto por un nuevo estudio de viabilidad económica. La suerte cambió a finales de noviembre de 2015: el Tribunal Supremo emitió una sentencia firme que anulaba el escrito por no haber realizado la Xunta antes de su aprobación la evaluación ambiental estratégica, curiosamente, con María José Caride, actual concejala de Urbanismo en Vigo, como conselleira de Política Territorial.

Estimó un recurso interpuesto por la asociación Alternativa Veciñal de Vigo contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y declaró nulo el instrumento, que salió adelante en 2008 por un solo voto de diferencia –PSdeG y BNG sumaron 14 apoyos frente a los 13 del PP–, por lo que el urbanismo de Vigo se metió en una máquina del tiempo para regresar a 1993 lleno de incertidumbre. La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, resolvió el 28 de marzo de 2008 declarar la inviabilidad de la llamada “evaluación ambiental estratégica” –sí incluida en el nuevo Plan, pendiente de aprobación– alegando que demoraría la ejecución de “proyectos e infraestructuras, con un importante coste económico y social”, y añadió que ya se había expuesto al público el Plan Xeral, que incluía mecanismos de evaluación ambiental en la tramitación de cada urbanización, instrumentos que garantizarían la protección del medioambiente.

Dos meses después, en mayo de 2008, la administración autonómica, entonces gobernada por el PSdeG y el BNG, aprobó definitivamente el 99% del PXOM, quedando pendiente de corregir un 1%, al que se daría vía libre en julio de 2009, ya con el mandato del PP. El TSXG validó el proceder de la Xunta frente al recurso de Alternativa Veciñal. Sin embargo, el Supremo concluyó en su sentencia que se vulneró la ley ambiental y no existía la premura alegada por la Xunta para evitar retrasos. Se basó la sección quinta de lo contencioso-administrativo en que la Consellería había recibido ya en julio de 2006 el Plan Xeral aprobado provisionalmente en el Concello. A pesar de esta circunstancia, “la administración ambiental competente dejó transcurrir dos años prácticamente hasta declarar inviable su sometimiento al trámite” de evaluación ambiental estratégica, según señaló el dictamen judicial. Previamente a la resolución de la Xunta, el gobierno local –PSdeG-BNG– hizo otra aprobación provisional del Plan Xeral, en diciembre de 2007, tras duplicar el porcentaje de vivienda protegida.

Agregó la sala que la aprobación completa del PXOM no se produjo hasta julio de 2009, con lo cual aún pasaría más de otro año desde la resolución hasta que el documento recibió el plácet final. Esta circunstancia, a juicio del Supremo, “demuestra que la pretextada premura no existía”. Los otros dos motivos esgrimidos por la Xunta –la información pública y los mecanismos de protección de cada ámbito– tampoco justificaron jurídicamente la inviabilidad de someter el plan al procedimiento ambiental. A 1 de enero de 2015, Vigo tuvo que meter en el cajón un Plan Xeral que propició la legalización de la mayoría de las grandes urbanizaciones con licencias anuladas, muchas de ellas, condenadas al derribo. Progresivamente, obtuvieron nuevos permisos municipales el edificio de viviendas y un centro comercial en Jacinto Benavente, O Piricoto, los chalets, pisos y hotel de la Finca Sensat, las torres y el centro comercial de Finca do Conde o los apartahoteles de Samil.

Meses después, el alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello de Vigo remitiría a la Xunta de Galicia una solución propuesta por el prestigioso experto en derecho urbanístico Luciano Parejo, que planteaba una declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica del Plan Xeral mediante una nueva decisión de la Consellería de Medio Ambiente, lo que habría permitido, según el regidor, recuperar en seis meses el documento de 2008 anulado por el Supremo. Caballero consideró “más segura” esta vía frente a la redacción de un nuevo Plan, pero el Consello Consultivo de Galicia, entidad que recibió la propuesta desde la Xunta, la rechazó. Indicó en un informe que el “Supremo anuló por completo el plan de Vigo” y no cabía “enmienda con una nueva declaración de inviabilidad de evaluación ambiental”, ya que el riesgo de otra impugnación ante la justicia sería elevado.

La Xunta confirmó en septiembre de 2016 el rechazo a la vía propuesta por el alcalde para tratar de salvar el Plan Xeral. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emitió una resolución que dio respuesta al planteamiento del Concello tras examinar sus servicios jurídicos el dictamen desfavorable del Consello Consultivo de Galicia. En la contestación, concluyó que la opción municipal, basada en un informe del catedrático Luciano Parejo, era “extremadamente arriesgada” y podría “agravar el problema” en lugar de resolverlo, por lo que, “desde una perspectiva jurídica y práctica”, recomendó elaborar un nuevo documento. Caballero criticó a la Xunta, con el PP de Alberto Núñez Feijóo al frente desde abril de 2009, por no reclamar ni ofrecer alternativas a pesar de ser el organismo causante de la anulación del Plan Xeral de 2008 –durante el bipartido de PSdeG y BNG–.

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